Uruguay se sumó este miércoles a la reducida lista de los países del mundo que permiten la eutanasia, convirtiéndose en el primero de América Latina en aprobarla por ley.
Tras un intenso debate de diez horas, 20 de los 31 legisladores presentes votaron a favor del proyecto de ley Muerte digna.
Así se cierra un recorrido legislativo que duró cinco años y que atrajo la atención de muchos sectores del país sudamericano de 3,5 millones de habitantes.
Según la consultora Cifra, el 62% de los uruguayos estaba a favor de esta ley.
El texto aprobado permite que adultos psíquicamente aptos en la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o que padezcan un sufrimiento insoportable, tengan la opción de elegir la eutanasia y que esta sea realizada por un profesional de la salud.
«Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida, cursando una enfermedad intratable, incurable, irreversible, con sufrimiento insoportable y con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida no es un delito», argumentó el senador Daniel Borbonet, del Frente Amplio.
El proyecto de ley era rechazado por grupos católicos y algunos sectores conservadores de la sociedad uruguaya.
Pero contó con el respaldo de toda la coalición de izquierda progresista del Frente Amplio, dos senadores del Partido Colorado y una senadora del Partido Nacional, ambos de centroderecha.
Aunque Uruguay es el único país latinoamericano que ha regulado la eutanasia por ley, en otros se ha despenalizado mediante fallos de la Corte Constitucional.
A continuación resumimos la situación en otros países de la región y el mundo.
Colombia
En Colombia, la muerte asistida fue despenalizada en 1997 y es legal desde 2015, cuando se convirtió en el primer país latinoamericano en permitirla.
En ese momento, un paciente terminal inició un proceso judicial para buscar una muerte asistida, que culminó con la aprobación de la Corte Constitucional.
El Ministerio de Salud colombiano ha establecido estrictos lineamientos para regular el derecho a la muerte digna en el país.
Estos establecen que el paciente debe tener una enfermedad en estado terminal; considerar que la vida ha dejado de ser digna, producto de la enfermedad, y manifestar el consentimiento de manera «clara, informada, completa y precisa».
Además, la ayuda para morir debe prestarla «un profesional de la medicina» con la autorización de un «comité científico-interdisciplinario».
En julio de 2021, la Corte Constitucional del país extendió el derecho a una muerte digna a quienes padezcan «un intenso sufrimiento físico o psíquico» por causa de una lesión o enfermedad incurable.
Sin embargo, Colombia también cuenta con una figura llamada libertad de conciencia que les permite a los médicos no realizar el procedimiento si este va en contra de sus creencias personales.
De acuerdo con el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el país «todavía existen barreras dentro del sistema de salud que no permiten que el ejercicio del derecho fluya con normalidad».
«Entre esos retos se encuentra el desconocimiento sobre los derechos y deberes por parte de los ciudadanos y las entidades del sistema de salud y la burocracia e inoperancia en los procedimientos para recibir las solicitudes y convocar el comité científico-interdisciplinario», indican.
Las muertes asistidas siguen siendo raras en Colombia.
Según el Laboratorio DescLAB, entre 2015 y 2023, el último año del que se han publicado datos, se realizaron 692 muertes médicamente asistidas en la nación sudamericana.
Ecuador
Ecuador se convirtió a principios de 2024 en el segundo país de América Latina y el noveno en todo el mundo en despenalizar la muerte asistida para pacientes en circunstancias extremas.
La Corte Constitucional de Ecuador tomó la decisión después de que Paola Roldán, una mujer con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), pidiera que se le permitiera acceder a una eutanasia activa para poner fin al sufrimiento y la postración que le provocaba la enfermedad.
Tras varios meses de deliberación, la Corte Constitucional emitió el fallo favorable, que contó con el respaldo de siete de los nueve magistrados presentes.
De esta manera se declaró la «inconstitucionalidad condicionada» del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sancionaba con penas de entre diez y 13 años de prisión el homicidio simple, incluyendo los actos de eutanasia.
De acuerdo a la sentencia, la aplicación de la eutanasia activa es constitucional siempre que un médico acceda al pedido de un paciente que haya tomado de manera libre, informada e inequívoca la decisión de terminar con su vida a causa de un padecimiento de intenso sufrimiento proveniente de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave e incurable.
Esto establece en la práctica un marco legal para la práctica de la eutanasia bajo condiciones reguladas en Ecuador.
La Iglesia católica, a la que pertenece la mayoría de los ecuatorianos, sigue oponiéndose firmemente a la práctica.
Otros países de América Latina
En Perú, aunque las leyes prohíben la eutanasia, una corte falló en 2021 a favor de la solicitud de Ana Estrada, una mujer que padecía polimiositis, una enfermedad rara y degenerativa, y que reclamaba su derecho a una muerte digna.
Su caso se considera como una excepción.
En México, la eutanasia no es legal y varios proyectos de ley para autorizarla han fallado en el Congreso, pero en Ciudad de México y estados como Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Yucatán, entre otros, se permite que pacientes en estados terminales rechacen los tratamientos paliativos, algo que algunos conocen como «eutanasia pasiva».
La situación es similar en Argentina, donde el Senado aprobó en 2012 una ley que autoriza a rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida de pacientes con síntomas terminales o irreversibles.
En Chile, también desde 2012, los pacientes en estados terminales pueden rechazar la continuidad de los tratamientos.
En diciembre de 2020, la Cámara de Diputados del país andino aprobó el proyecto de ley de Muerte digna y cuidados paliativos que busca, bajo determinadas condiciones, que una persona pueda solicitar asistencia médica para morir.
En Cuba, a finales de 2023 la Asamblea Nacional aprobó la muerte digna como parte de una legislación que actualiza el marco legal del país para su sistema de salud universal y gratuito.
«Se reconoce el derecho de las personas a acceder a una muerte digna, mediante el ejercicio de las determinaciones para el final de la vida, que pueden incluir la limitación del esfuerzo terapéutico, los cuidados continuos o paliativos y los procederes válidos que finalicen la vida», decía el borrador final de la legislación.
El doctor Alberto Roque, del Instituto de Oncología y Radiobiología de La Habana, le dijo a la agencia Reuters que la medida establece el «marco legal para la futura eutanasia en cualquiera de sus modalidades, es decir, eutanasia activa o suicidio asistido».
Resto del mundo
En Estados Unidos, la muerte asistida es legal en diez estados y en Washington DC.
El estado de Oregón fue uno de los primeros lugares del mundo en ofrecer muerte asistida a algunos pacientes en 1997. Hoy se ha convertido en el modelo a seguir para otras leyes estadounidenses sobre la práctica.
En los estados de EE.UU. donde se permite la muerte asistida, el mismo paciente debe administrarse los medicamentos con los que podrá poner fin a su vida.
En Canadá, la muerte asistida se introdujo en 2016 sólo para pacientes terminales.
En 2021, esta limitación cambió para incluir a quienes experimentan un sufrimiento insoportable debido a una enfermedad o discapacidad irreversible.
En toda Europa, seis países cuentan con alguna forma de muerte asistida legalizada: Suiza, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España y Austria.
España fue el cuarto país de Europa en aprobar el procedimiento en 2021.
Autoriza la práctica únicamente a personas que sufran una «enfermedad grave e incurable» o un padecimiento «grave, crónico e imposibilitante» que cause un «sufrimiento intolerable».
Suiza fue el primer país del mundo en crear el «derecho a morir» al legalizar la muerte asistida en 1942.
Es uno de los pocos países que permite a los extranjeros acceder a esta práctica a través de organizaciones como Dignitas, con sede en Zúrich.
Como en EE.UU., en Suiza el paciente recibe los medicamentos con los que podrá poner fin a su vida.
(Con información de BBC News)
