La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugnó la suspensión provisional con la que un juez de Distrito frenó la reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE) prevista en el Plan B de la reforma electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hace unos días, Francisco Javier Rebolledo Peña, juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, admitió a trámite la demanda de garantías promovida por Marisol Duarte Martínez, jefa de Departamento de Convenios y Contenidos Normativos de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, quien pidió la protección contra la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que ordena la desaparición de dicha área de trabajo.
El juzgador concedió la medida cautelar a la quejosa y frenó la eliminación de esa área del INE.
Ante esta situación, la Consejería Jurídica interpuso un recurso de queja, el cual será estudiado por un Tribunal Colegiado.
Es de mencionar, que el juez consideró que la reestructuración del INE no está justificada de forma objetiva y los razonamientos para desaparecer sus unidades administrativas son dogmáticos y genéricos.
“Del análisis de la exposición de motivos únicamente se aprecian razones dogmáticas y genéricas en relación con la supresión de diversas unidades administrativas, pero si razonar de manera fundada y motivada, porque precisamente la unidad a la que pertenece la quejosa, corresponde aquellas, que deben ser eliminadas, es decir, no se aprecia que se hubiese analizado la carga de trabajo de la unidad, o bien, cuál o cuáles son las diversas unidades que realiza las mismas funciones y que por tanto, se actualiza la supuesta duplicidad a que hace mención”, indica la resolución.
El juzgador mencionó que de no concederse la suspensión, traería como consecuencia que las funciones que realiza la Unidad sean absorbidas por la nueva Dirección, siendo que es de interés social que la referida unidad administrativa realice adecuadamente sus funciones de coordinación de actividades entre el Instituto y los Organismos Públicos Locales Electorales que tiene por objeto garantizar que los procesos electorales federales y locales, se realicen con altos niveles de calidad en la organización de las elecciones.
“No existe, hasta este momento una razón contundente que amerite la desaparición de su plaza, ni la separación de su cargo, en tanto que ello deriva de una reestructuración en el Instituto Nacional Electoral, decretado por la ley, la que se insiste, no cuenta con una justificación para la supresión del área a la que pertenece”, puntualizó Rebolledo Peña.
(Con información de Milenio)
