La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha contestado al último reclamo de Andrés Manuel López Obrador sobre el salario de los ministros. En un comunicado enviado este lunes, el máximo tribunal mexicano defiende el sueldo de los miembros del pleno y apunta que ya en 2019 los 11 jueces más importantes del país aceptaron reducir su retribución un 25%. El presidente, que mantiene una guerra abierta con el Poder Judicial, criticó la semana pasada que los ministros cobraran más que él, cuando eso no está permitido en la Constitución. La Corte ha explicado que, protegidos por otro artículo constitucional, los salarios de ministros, magistrados, jueces y consejeros no pueden ser disminuidos durante “su encargo”.
López Obrador había dado cinco días a la Corte para que “explicara por qué estaba violando la Constitución”. Fue la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la encargada de enviar el pasado martes una carta, a petición del presidente, a la Corte para conocer qué “acciones” estaba realizando el tribunal para cumplir con el artículo 127, que establece: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.
La Suprema Corte ha hecho hincapié en que la Secretaría de Gobernación no puede realizar una petición así al poder judicial puesto que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal solo es vinculante para las dependencias que la integran, dentro de las que no está la SCJN. Esto está establecido así, dice el tribunal, “para prever la división de poderes”. Sin embargo, “en función de fortalecer el diálogo entre los poderes del Estado y en aras de rendir cuentas a la sociedad”, la Corte ha decidido responder a la petición de información.
El tribunal presidido por Norma Piña afirma que a principios de 2019, la Corte ya “informó a la sociedad las acciones tomadas en relación con el cumplimiento del artículo 127 constitucional”. Además de la reducción del 25% de las remuneraciones de los ministros “como medida de racionalidad del gasto público”, la SCJN nombra varios artículos constitucionales que los protegen: el 94 y el 123. El primero impide que la remuneración sea disminuida durante su encargo —en el caso de los ministros, por ejemplo, es de 15 años— y el segundo, impide que el sueldo de los 11 jueces sea “disminuidas por actos provenientes de los otros poderes”.
Para eso, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal decidieron publicar los salarios de todas las categorías de trabajadores en el poder judicial federal “a efecto de asegurar que sus remuneraciones no sean disminuidas durante su encargo”. Según el portal de transparencia de la Corte, los ministros perciben un máximo de 206.948 pesos netos al mes (unos 12.000 dólares), sin contar el resto de retribuciones o complementos. En la información oficial difundida por la Procuraduría Federal de Defensa al Consumidor se cifró el salario mensual neto de los ministros en 284.500 (16.600 dólares). En ese mismo registro se calculaba un salario al presidente de 136.700 pesos (unos 8.000 dólares) limpios al mes.
Sin embargo, aducen desde la Corte, “una remuneración no solo se integra por un salario bruto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sino que incluye todas las prestaciones en especie propias del cargo, entre otras, alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud, entre otros”. Debido a que entonces en la ley no está fijada una cantidad objetiva, sino “una remuneración mayor a la del presidente”, cuando este no se conoce incluyendo todos los complementes, el alto tribunal ya declaró inválidos “diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”. Así, la SCJN se remite a su pronunciamiento de mayo de 2019 sobre este tema, cuando comenzó la cruzada por la austeridad de López Obrador, que mandó revisar todos los salarios de los altos funcionarios mexicanos.
Este episodio continúa tensando la relación entre el poder judicial y ejecutivo, que entró en un período de fricción tras la salida de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte y la llegada de Norma Piña. La comunicación entre la Corte y Palacio Nacional está rota después de varios enfrentamientos. Especialmente después de que el tribunal tumbara varias de las apuestas claves del Ejecutivo como el plan B electoral, el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa o el decreto que blinda las obras principales de la Administración como seguridad nacional. El presidente ha acusado a Piña de estar en contra de su Gobierno y de mantener un Poder Judicial que favorece a criminales y potentados, al que ha acusado de estar “podrido”.
(Con información de El País)
