El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) considera que la iniciativa de reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador “podría generar obstáculos para el aprovechamiento del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)».
Lo anterior, debido a que el IMCO considera que «genera conflictos con sus disposiciones, afecta el mercado energético regional y a los exportadores de México y, al final del día, resta atractivo al país como alternativa de inversión frente a China”.
A través del estudio: ¿Cómo afecta la iniciativa de reforma energética al T-MEC y a la Competitividad de América del Norte, elaborado por Jesús Carrillo, Ana Bertha Gutiérrez, Natalia Hernández, Noelia Jiménez y Oscar Campos, el instituto plantea que la iniciativa “tiene implicaciones nocivas en materia de Estado de Derecho en el país, el manejo sustentable de la economía y el cuidado del medio ambiente, así como la ejecución de negocios y actividades productivas”.
Advierte que en caso de que la iniciativa sea aprobada en el Congreso de la Unión, “México corre el riesgo de tener que defender su política energética en paneles internacionales. Estados Unidos y Canadá, al igual que actores privados del sector energético, podrán recurrir a las protecciones que ofrecen tanto el TLCAN como el T-MEC para impugnar la reducción de su participación permitida en el sector, la cual está contemplada en el tratado”.
Es decir, estos conflictos “elevan la probabilidad de un incumplimiento del tratado, y abren la puerta para un número de controversias que afectarían las relaciones comerciales de la región. Este choque, a su vez, inhibe las posibilidades para avanzar en la construcción de un mercado energético conjunto, que no sólo se facilitaría la colaboración en procesos y el desarrollo de habilidades entre los tres países, sino que elevar a la disponibilidad de energía a precios competitivos en la región.
“Además, en un mercado eléctrico menos competitivo afecta directamente el desempeño y las posibilidades de crecer de los productores de manufacturas de exportación, el sector que más se beneficiaría del aprovechamiento del tratado comercial”.
Con ello se pierde la oportunidad de colocarse como aliado de la región, de consolidarse como un destino principal de inversión de alto valor agregado, y de colocarse como alternativa de inversión frente a China en el contexto de las tensiones comerciales que han marcado el ámbito geopolítico en los últimos años, subraya el estudio.
El gobierno federal debe tener claro que dentro de las protecciones que brinda el tratado comercial “los inversionistas y actores privados del sector energético pueden impugnar la reducción de su participación permitida en el sector, la cual está contemplada y es parte toral de la iniciativa”.
Sobre eliminar al regulador, como lo plantea la iniciativa, IMCO considera que “implica violar el principio de independencia regulatoria del T-MEC a nivel constitucional”.
Incluso sustenta que, “de aprobarse la iniciativa, se estaría violando el principio de regulación independiente al eliminar a la Comisión Reguladora de Energía. Al mismo tiempo, se estaría cancelando el mercado eléctrico para transitar a un sistema controlado por la Comisión Federal de Electricidad, con una posibilidad -restringida- de participación privada”.
En suma, indica, “se eliminaría la posibilidad de un mercado competido y competitivo”. A su vez, en materia ambiental, precisa que “la única forma de que la iniciativa sea congruente con las disciplinas ambientales del T-MEC sería si además de la modificación Constitucional se modificaran también las leyes de Cambio Climático y Transición Energética; de otra forma, se entraría en un conflicto con el capítulo medioambiental”.
Advierte que, en caso de un panel en contra de la política energética de México por parte de alguno de los países de la región, nuestro país tendría que “defenderse en la arena internacional”.
Sobre la competitividad energética frente a China, el IMCO señala que “hay una ventana de oportunidad tanto para México como para los mercados norteamericanos que, al integrarse, poseen un alto nivel de competitividad frente a China, pero un mercado energético débil y en conflicto con los mercados de Estados Unidos y Canadá no sólo afectaría a los sectores económicos de México sino que volvería difícil la integración energética regional de América del Norte, afectando así la oportunidad que tiene México de consolidarse como una alternativa para la inversión de alto valor a la potencia asiática”.
Al mismo tiempo, el estudio señala que la cancelación de contratos con generadores de electricidad privados, prevista para reducir su participación en el mercado eléctrico, “obligaría a que los productores le compraran toda su energía a CFE, lo que limitaría el acceso a energías limpias para suministrar a las empresas y enviaría el mensaje que el Estado mexicano no está comprometido con el Estado de derecho.
Si se consideran los mayores costos de generación que enfrenta la empresa del Estado en comparación con los generadores privados de energía renovable y ciclos combinados, las empresas productivas de las distintas industrias podrían incurrir en mayores costos al adquirir este insumo esencial, lo que conlleva una pérdida generalizada de competitividad.
Detalla que los potenciales efectos adversos de la iniciativa de Reforma Energética alcanzarían a todas las industrias del país, aunque hay ciertas actividades que se verían afectadas en mayor medida dado su alto consumo de electricidad.
Una de ellas es el sector automotriz, que no sólo es la onceava actividad industrial con el mayor consumo de electricidad dentro del listado considerado en el reporte de la Secretaría de Energía (SENER), sino que tiene una importante participación en el sector exportador de México, que es uno de los principales motores económicos: más del 30% de las exportaciones de nuestro país a Estados Unidos son de bienes automotrices.
Los propios empresarios del sector automotriz han señalado preocupaciones en torno a la iniciativa de Reforma Energética, “entre ellas la posibilidad de un aumento en costos y un abasto irregular de electricidad y la imposición de priorizar el uso de energía proveniente de CFE sobre la proveniente de otras fuentes”.
Estas afectaciones, indica el instituto, “comprometerían la capacidad productiva de la industria y provocarían un aumento en el precio de los productos automotrices, volviéndolos menos competitivos en el mercado internacional y, por tanto, reduciendo su nivel de exportaciones y vinculación con las cadenas productivas de la región.
Otras industrias que ser vería seriamente afectada, de acuerdo con el estudio, son la cementera y la acerera; la primera es la quinta actividad de mayor consumo de energía y produce insumos importantes para el sector de la construcción, por lo que la iniciativa obstaculizaría el plan de la industria del cemento para transitar hacia el uso de energías limpias para sus operaciones y se comprometerían los objetivos de reducir hasta 40% sus
emisiones contaminantes para el 2030 y de emisión cero para el 2050.
En el caso del sector siderúrgico, debe tomarse en cuenta que el acero producido en esta actividad es un insumo indispensable para la producción de una gran variedad de mercancías útiles para diversas actividades relacionadas con el manejo de agua, el cultivo y almacenamiento de alimentos, las actividades relacionadas con la energía, la construcción, y la fabricación de vehículos de transporte, entre otras. Además, es una industria fundamental para la producción manufacturera del futuro, ya que el hierro y el acero son también fundamentales en la fabricación de bienes tecnológicamente avanzados.
“A los representantes de la industria del hierro y el acero les preocupa que en los próximos años no haya disponibilidad de energía eléctrica limpia, barata y suficiente, al limitarse la participación de inversionistas privados y han demandado que se hagan correcciones a la iniciativa de reforma energética a fin de asegurar la disponibilidad de energía a precios competitivos y de gas natural como combustible de transición hacia el uso de energías renovables”, cita el IMCO.
Por todo ello, el instituto propone en el contexto del Parlamento Abierto sobre la iniciativa en el Congreso de la Unión cinco puntos:
-Incluir a México en carta paralela Estados Unidos-Canadá de cooperación en energía, donde se plasman una serie de compromisos en materia de cooperación energética, especialmente referentes a medidas regulatorias y transparencia regulatoria, así como disciplinas relacionadas con el acceso a infraestructura de transmisión y ductos.
–Invertir en infraestructura energética transfronteriza. No es necesaria la
creación de nuevas instituciones, es posible ampliar la cooperación transfronteriza con cambios menores al andamiaje existente. Una posibilidad es ampliar la capitalización del Banco de Desarrollo de América del Norte, que actualmente asciende a 6 mil millones de dólares, así como extender su mandato para permitirle desarrollar proyectos de infraestructura de transporte y energía.
-Invertir en energía e infraestructura logística en Centroamérica. Los socios de América del Norte enfrentan el reto de lograr que los países del triángulo del norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador) transiten de economías rentistas basadas en las remesas, la agricultura, el turismo y la industria de bajo valor agregado hacia la competitividad. Ello requiere que México, Estados Unidos y Canadá reconozcan que el desarrollo de estos países forma parte de su interés nacional y apuesten por la competitividad de una región que hoy no cuenta con la infraestructura física para trasladar bienes hacia el norte, ni con acceso a energía competitiva que permita establecer industrias de alto valor agregado. Un punto de partida sería retomar el proyecto del gasoducto de Salina Cruz a Tapachula y estudiar su potencial expansión a Guatemala.
-Facilitar el desarrollo de nueva capacidad instalada a partir de energías limpias. Las subastas de energía eléctrica de largo plazo que se llevaron a cabo entre 2015 y 2017 fueron altamente exitosas en proveer energía a limpia a precios competitivos. También fueron exitosas al atraer inversiones en generación renovable en México por 26 mil millones de dólares.
-Y, refrendar el compromiso del Estado mexicano con el Estado de Derecho. Un entorno predecible para la inversión es condición indispensable para que el país sea exitoso en atraer y retener inversiones y talento. Ello pasa por el pleno respeto al espíritu y letra del T-MEC, por lo que es imperativo garantizar la independencia de la CRE, tanto del Estado como de privados.
(Con información de El Universal)
