La Fiscalía de la Ciudad de México buscará imputar los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, así como daño a la propiedad, a los 10 ex funcionarios acusados del colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro, todos ex colaboradores del actual canciller Marcelo Ebrard. Solicitará que sean vinculados a proceso pero no que sean encarcelados.
Los ilícitos mencionados no ameritan prisión preventiva oficiosa, pero el Ministerio Público podría solicitar prisión preventiva justificada, bajo ciertos criterios. Sin embargo, fuentes cercanas a la indagatoria precisaron a MILENIO que no se pedirá ésta última opción.
Casi un año después del desplome de una parte del tramo elevado de la llamada Línea Dorada -que dejó un saldo de 26 personas muertas y 98 lesionadas- apenas este lunes se llevará a cabo la continuación de la audiencia inicial, la cual ha sido aplazada en tres ocasiones.
El escenario de hoy será muy diferente al del 25 de octubre del año pasado, cuando se programó por primera vez la diligencia, luego de que más del 90 por ciento de las víctimas de la tragedia ya aceptaron la reparación del daño con Grupo Carso.
La Fiscalía capitalina, encabezada por Ernestina Godoy, aportará todas las pruebas que tiene en su poder, para acusar formalmente de dichos ilícitos al ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, y nueve de sus ex colaboradores.
Se trata del director de construcción y obras civiles, Moisés Guerrero Ponce; el director de diseño de obras civiles, Juan Antonio Giral y Mazón; el director de coordinación de supervisión, Fernando Ramiro Lalana; el subdirector de obra civil, Héctor Rosas Troncoso, y el director de ingeniería y proyecto de diseño, Enrique Baker Díaz.
Además, el director responsable de la obra, Guillermo Alcázar Pancardo; el responsable de la seguridad estructural, Ricardo Pérez Ruiz, el residente de obra, Juan Carlos Ramos Alvarado, y el supervisor de la obra civil, Fernando Amezcua Ordaz.
En caso de que el Ministerio Público logre realizar la imputación, el juez de control tendrá que resolver la situación jurídica de los acusados, lo cual puede ocurrir en ese momento, o en un plazo de hasta 72 horas, si así lo solicita la representación legal de los ex servidores públicos.
La defensa legal de los acusados -encabezada por Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México- podría solicitar el diferimiento de la audiencia, bajo el argumento de que aún no tiene todos los tomos de la carpeta de investigación en su poder.
Lo anterior, con la intención de que, de momento, sus clientes no sean imputados.
¿Cómo llegan las víctimas a la audiencia?
Sólo 12 de las 124 víctimas del desplome de la Línea Dorada no han alcanzado un acuerdo reparatorio. El representante legal de este grupo, Teófilo Benítez, afirmó que sus clientes no buscan dinero, sino la garantía de no repetición y la seguridad de los capitalinos que viajarán por la Línea Dorada.
Por ello, dio a conocer que solicitarán la demolición total del viaducto elevado de la obra, después de que sus peritajes arrojaron que tiene graves errores de diseño, construcción y mantenimiento.
Respecto a la audiencia de este lunes, el litigante advirtió que buscarán la reclasificación del delito de homicidio culposo a homicidio con dolo eventual, al argumentar que los ex funcionarios sabían de las irregularidades de la Línea 12.
Con la reformulación del ilícito, explicó, el juez de la causa tendría que imponer prisión preventiva contra Horcasitas y sus ex colaboradores.
“Te soy honesto, no se puede solicitar esa medida cautelar. ¿Por qué? Porque la investigación del Ministerio Público es pobre. Teníamos que haber investigado otro tipo de cuestiones. Lo que nosotros hacemos, o con los peritajes que nosotros hacemos, muy posiblemente sí se puede solicitar la prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Porque ellos conocían, podían haber previsto el resultado de este accidente, podemos cambiar el tipo penal de este asunto”.
En entrevista para MILENIO, Teófilo Benítez adelantó que también buscarán ampliar las acusaciones contra ex funcionarios de otras administraciones capitalinas, no sólo la de Ebrard Casaubón, quienes dijo, también tienen responsabilidad en el colapso de la obra.
“Nosotros tenemos que solicitar la vinculación a proceso en contra de las personas que están imputadas. Sin embargo, con el peritaje que nosotros tenemos determinado, vamos a solicitar la ampliación de esta gente que no han sido citadas, ni siquiera tocadas con el pétalo de una rosa, a efecto de que ellos vengan, comparezcan y también, se determine su responsabilidad”.
En tanto, Cristopher Estupiñán, quien representa legalmente a 14 víctimas que recientemente aceptaron el acuerdo reparatorio con Grupo Carso, destacó que durante el proceso pedirá que las empresas constructoras, principalmente ICA, también sean imputadas penalmente.
“El Metro colapsa por una ineficiencia en el diseño, no solamente por las deficiencias en la ejecución de la obra, no hay razones por las cuales el presidente del consorcio constructor, representante común ICA, que además firmaron un convenio de asociación en el que son responsables solidariamente, no dé la cara.
«No hay ninguna persona moral, no hay una línea de investigación contra personas morales, quieren culpar y quieren encarcelar o fincar responsabilidad penal a ex funcionarios de mediano o bajo nivel, medio o bajo nivel, siendo que fue muy claro el proceso de contratación en cuanto al destino de recursos, quién construiría, quién haría el proceso de diseño, etcétera”, expuso.
En entrevista, el abogado dejó en claro que continúa la batalla legal contra ICA, Alstom y CAF, porque el acuerdo reparatorio sólo se logró con Carso.
“Hago un llamado de prudencia a las demás familias que no han recibido una indemnización, porque no podemos ver este tema de una manera aislada, hay múltiples responsables, y que nosotros hayamos aceptado con una empresa una indemnización, no implica que la batalla se termine. Al contrario, con esto nos da más herramientas, nos legitima para seguir peleando”, subrayó.
(Con información de Milenio)
