La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha lanzado una orden de busca y captura contra la polémica presentadora de televisión Laura Bozzo a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). Esto implica que Bozzo (68 años) se encuentra ahora perseguida legalmente en los 195 países sobre los que Interpol tiene jurisdicción. La estrella televisiva, nacida en Perú, pero con nacionalidad también mexicana e italiana, está acusada de delito de depositario infiel, al haberse lucrado con más de 13 millones de pesos por la venta de un inmueble que se encontraba embargado por el Sistema de Administración Tributario mexicano.
Un juez dictó prisión preventiva contra la presentadora el pasado 11 de agosto, como medida cautelar ante un posible riesgo de fuga. Bozzo tenía que ingresar voluntariamente en la cárcel de Santiaguito, en Almoloya de Juárez (Estado de México), en un plazo de 48 horas, pero nunca se presentó. El 13 de agosto el magistrado ordenó su detención. El equipo legal de Bozzo solicitó un recurso de amparo para evitar el internamiento en el penal, argumentando que la conductora televisiva sufría problemas de salud pulmonares. El 31 de agosto, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Edomex, rechazó la solicitud. Ortiz Marmolejo reveló que Bozzo no se presentó al juzgado en persona a entregar su pasaporte, por lo que no se le podía conceder la medida.
Bozzo condujo programas del corazón en las cadenas mexicanas TV Azteca y Televisa, donde llegó a registrar audiencias de 24 millones de espectadores. En 2015 fue despedida de Televisa después de que el Gobierno mexicano abriera una investigación por una supuesta violación de los derechos de los menores. La presentadora se hizo conocida en el país gracias a la emisión de Laura en América (1998-2008) un programa grabado Perú, pero emitido en también en el extranjero, por el que fue fuertemente criticada. La polémica siempre envolvió su carrera: acusaciones de recoger falsos testimonios; pagar a actores para que fingieran en directo; utilizar personas de barrios pobres para ridiculizarlas en plató o gastar fondos públicos al usar un helicóptero del Gobierno del Estado de México para grabar un programa mientras visitaba las zonas afectadas por el huracán Manuel, en septiembre 2013.
Durante los noventa, estuvo ligada al régimen del dictador peruano Alberto Fujimori a través de Vladimiro Montesinos, asesor presidencial en la época, con el que siempre se ha sospechado que mantuvo una relación personal. La justicia peruana investigó a la presentadora por realizar propaganda de Fujimori a cambio de dinero. Fue condenada a cuatro años de cárcel, aunque no llegó a entrar en prisión. En su lugar, declaró los estudios de grabación de su programa como su domicilio, por lo que cumplió detención domiciliaria desde allí mientras emitía su show para el extranjero, ya que en Perú no lo tenía autorizado. Ha tenido problemas legales tanto en su país natal como en México, donde en la actualidad se enfrenta también a un caso abierto de difamación lanzado por los actores Gabriel Soto e Irina Baeva.
Al cierre de esta nota, Bozzo no se encuentra a disposición de las autoridades.
Fuente: El País
